Santo Domingo.– El contralor general de la República, Félix Antonio Santana García, advirtió este miércoles que serán “muy estrictos” con el cumplimiento de la Ley número 311-14, que obliga a los funcionarios a depositar su declaración jurada de patrimonio en un tiempo establecido.
“Tienen un plazo de 30 días para presentar la misma, repito quédense o no se queden y los nuevos que integrarán el Gobierno de los cuatros años que se inicia el 16 de agosto, presidido por el señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, tendrán que presentar su declaración jurada. En este caso seremos muy estrictos en cuanto al cumplimiento de ese mandato, de la ley 311”, enfatizó Santana.
El contralor dio estas declaraciones al ser abordado por la prensa previo al lanzamiento del programa para fortalecer capacidades de persecución penal, donde Santana García explicó que en estos días la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Cámara de Cuentas, Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República están realizando acciones para que todos los funcionario, ya sean entrantes, salientes o que continúen en sus puestos, presentes sus declaraciones juradas.
En ese orden, el funcionario especificó que los funcionarios tienen del 16 de agosto al 16 de septiembre para presentar sus declaraciones y que en caso de que no cumplan o se detecte alguna irregularidad habrá consecuencia penales y serán sometidos a la justicia.
Auditorías
Sobre las auditorías, aseguró que están en un proceso continuo y “sin desmayo” en cuanto la fiscalización del buen uso de los recursos del Estado.
Asimismo, Santana García informó que tiene 90 auditorías en proceso, de las cuales 20 están listas y serán publicadas en los próximos días.
“También estamos realizando otro tipos de investigaciones conjuntamente con la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República”, expresó para luego indicar que esas investigaciones atiende “simple y llanamente denuncias, que pueden ser mal infundadas, pero completando el proceso de las auditorías, para tener una mayor certeza de los hallazgo de esas auditorías”.
El contralor aclaró que las citadas experticias no se hacen buscando “dolo”, sino buscando el cumplimiento del control interno.
“Podría decirle que los hallazgo que hemos detectado no tiene vocación penal, simplemente y llanamente de procedimiento y esos procedimientos nosotros, conjuntamente con el incumbente, tratamos siempre de enmendarlo porque son simplemente y llanamente de procedimientos que por falta, tal vez de experiencia en sus funciones, se han cometido, pero que son salvables, son subsanables”, indicó.
En cuanto a los ediles, dijo que los nuevos y los salientes han mostrado “mucho interés” en que se les practiquen auditorías, por lo que la Contraloría está cumpliendo con dichas solicitudes y realiza unas 15.
