La Dirección General de Migración (DGM) comunicó que ha iniciado un proceso judicial contra un ciudadano chino, propietario del establecimiento comercial Mudan, situado en la avenida Duarte del Distrito Nacional, por interferir en un operativo de control migratorio y agredir físicamente a los agentes que participaban en el mismo.
Durante dicha operación, realizada con el apoyo de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas, fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos, tanto hombres como mujeres, quienes estaban trabajando en el país sin cumplir con los requisitos legales migratorios.
Este operativo se llevó a cabo en el marco de la Ley General de Migración No. 285-04, que otorga a la DGM la facultad de inspeccionar centros de trabajo con el fin de comprobar la situación legal de los empleados extranjeros, prevenir violaciones a la normativa y garantizar el respeto al orden jurídico establecido.
De acuerdo con el reporte oficial, el dueño del negocio había sido advertido previamente por ocultar personas en condición migratoria irregular. Durante la intervención, respondió de forma violenta, incitando a sus empleados a atacar a los funcionarios e insultando a las autoridades, lo que provocó lesiones a varios agentes.
La reacción agresiva del entorno obligó a los oficiales a emplear técnicas de control y un uso proporcional de la fuerza para proteger la seguridad de los presentes. Sin embargo, debido a la gravedad de las agresiones, no fue posible arrestar al propietario en ese momento, por lo que se optó por continuar el proceso judicial posteriormente, detalló la DGM.
La entidad reiteró su compromiso con la aplicación rigurosa de las leyes migratorias y llamó a los empleadores a cumplir con las normativas sobre contratación de extranjeros. Además, subrayó que permitir la presencia de personas en situación irregular no solo representa una violación legal, sino que también genera entornos de explotación laboral y evasión de obligaciones fiscales.
Finalmente, la Dirección General de Migración aseguró que continuará desplegando operativos en todo el país como parte de su estrategia de supervisión, siempre en respeto de los derechos humanos y el mantenimiento del orden institucional.
