El problema del seguro médico para pensionados no puede seguir siendo ignorado por las autoridades que nos gobiernan. La dignidad y calidad de vida de nuestros mayores no deben estar supeditadas a la disponibilidad de recursos. La salud es un derecho humano fundamental, establecido bien claro en nuestra Carta Magna, y hay que actuar para garantizarlo.
Por: Julio Reyes
La salud de los pensionados en la República Dominicana se ha convertido en un tema de creciente preocupación. A medida que la población envejece y las expectativas de vida aumentan, es fundamental reflexionar sobre el acceso a servicios de salud de calidad para quienes han dedicado su vida al trabajo. El sistema de pensiones, aunque ha mostrado avances, todavía enfrenta grandes desafíos, especialmente en lo que respecta a la atención médica.
En el contexto dominicano, los pensionados a menudo se encuentran atrapados en una trampa de precariedad. Muchos de ellos dependen de pensiones que son irrisorias, ridículas, y que apenas cubren sus necesidades básicas. A medida que los costos de atención médica continúan en aumento, el acceso a un seguro médico adecuado se convierte en una cuestión de vida o muerte para muchos. Fue así que, a pesar de contar con un sistema de salud pública que teóricamente debería ser un refugio, la realidad es que la atención suplementaria a través de seguros médicos privados se ha vuelto más necesaria que nunca.
Los seguros médicos para pensionados deben ser una prioridad en la agenda de políticas públicas. En primer lugar, es indispensable que el gobierno y las instituciones encargadas de gestionar los servicios de salud reconozcan el riesgo al que están expuestos los jubilados. La falta de atención médica adecuada no solo afecta su calidad de vida, sino que también incrementa el gasto público a largo plazo. Prevenir enfermedades y garantizar un tratamiento adecuado es, en última instancia, una inversión.
Por otro lado, también es esencial que las aseguradoras ofrezcan productos accesibles y adaptados a las necesidades específicas de este sector de la población. Muchos seguros médicos son caros y, en muchos casos, excluyen enfermedades crónicas, que son comunes en la tercera edad. La falta de opciones ajustadas a sus ingresos limita su acceso a una atención digna.
Esta situación se complica aún más en las zonas rurales, donde la infraestructura de atención médica es deficiente y la disponibilidad de especialistas es reducida. Los pensionados en estas áreas enfrentan el doble desafío de acceder a un seguro médico y a los servicios de salud necesarios. Es imprescindible que se implementen políticas que garanticen que todos los pensionados, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a una atención médica acorde a sus necesidades.
El problema del seguro médico para pensionados no puede seguir siendo ignorado por las autoridades que nos gobiernan. La dignidad y calidad de vida de nuestros mayores no deben estar supeditadas a la disponibilidad de recursos. La salud es un derecho humano fundamental, establecido bien claro en nuestra Carta Magna, y hay que actuar para garantizarlo.
Por tanto, el Estado dominicano tiene la responsabilidad de garantizar que todos los pensionados cuenten con un seguro médico accesible y de calidad. Esta es una cuestión de justicia social que, si se aborda adecuadamente, no solo beneficiará a nuestros ancianos, sino que también enriquecerá a toda la sociedad. Acompañemos a nuestros mayores en este viaje, asegurando que su bienestar sea una prioridad, y no una casualidad.
