Santo Domingo. – José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, ha sido señalado como el principal beneficiario económico de un esquema de corrupción relacionado con el control fraudulento de los sistemas semafóricos y de vigilancia a través de su empresa Aurix S.A.S.. Según la orden de arresto emitida por el Ministerio Público (MP), Gómez utilizó las empresas Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y llevar a cabo lavado de activos.
El documento de la orden de arresto subraya que Gómez es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, lo que representa una amenaza significativa a la integridad financiera del Estado. Además, se le atribuye la responsabilidad del sabotaje a la red semafórica ocurrido en el Gran Santo Domingo a finales de agosto de 2024.
La investigación revela que Gómez ha estado involucrado en tramas fraudulentas desde 2017, habiendo sido beneficiado con diversos contratos del Estado, incluyendo uno otorgado a Dekolor S.R.L., empresa en la que es co-gerente junto con Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Dekolor ha recibido más de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una.
En 2020, Gómez también se benefició de un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa a través de su empresa Aurix S.A.S., aunque dicho contrato no figura registrado oficialmente. Además, en mayo de 2022, Gómez adquirió el dominio TRANSCORE.COM.DO y usurpó la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para crear fraudulentamente Transcore Latam S.R.L., registrándola en la Cámara de Comercio de Santo Domingo en julio de 2022.
La investigación detalla que, tras la creación de Transcore Latam S.R.L., Pedro Vinicio Padovani Báez, encargado del Centro de Control de Semáforos del INTRANT, renunció a su puesto para trabajar directamente con Jochi Gómez. Esta acción coincidió con la llegada de Hugo Beras como director ejecutivo del INTRANT en agosto de 2022. Según el Ministerio Público, Beras suspendió temporalmente el proyecto para integrar a las nuevas autoridades en el esquema corrupto.
El proyecto de modernización de la red semafórica, originalmente valorado en RD$104 millones, fue sobrevalorado injustificadamente hasta RD$1,200 millones, un aumento del 1,053%, lo que constituye una de las principales pruebas del desvío de fondos bajo la gestión de Beras y Gómez.